Como consecuencia de la entrada en vigor del nuevo Código Penal las personas jurídicas pasaron a ser responsables ante cualquier actuación delictiva llevada a cabo en el entorno de la empresa, por miembros del Órgano de administración, de la dirección o de algún empleado siempre y cuando no pueden acreditar haber tomado todas las medidas de supervisión y control necesarias para evitar la comisión de cualquier delito.

¿Esto qué significa realmente? Que los representantes legales y administradores, así como los propios socios pueden ser imputados penalmente con penas de prisión, multa e inhabilitación profesional, en caso que omitan la adopción de medidas de vigilancia o control de prevención de delitos en la empresa. En resumen que el no disponer la empresa de un modelo de cumplimiento (Compliance) penal, puede tener graves consecuencias. Es por ello que en este nuevo ámbito el Compliance se vuelve vital,  porque si la empresa establece un programa de gestión de Compliance penal eficaz, y puede demostrar el buen funcionamiento del sistema, la persona jurídica obtiene un EXIMENTE pleno de la posible responsabilidad penal por delito corporativo.

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